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Magistrada Maria Mercedes Lopez Mora Sentencia

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Maria Mercedes Lopez Mora Magistrada 2019
Maria Mercedes Lopez Mora Magistrada 2019

Sentencia 2011-04605 de octubre 9 de 2013

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad.: 110011102000201104605 01

Magistrada Ponente:

Dra. María Mercedes López Mora

Aprobado según Acta 77 de la fecha.

Proyecto registrado el ocho de octubre de dos mil trece

Bogotá D.C., nueve de octubre de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

Esta colegiatura tiene competencia para conocer y decidir el recurso de apelación interpuesto en el presente asunto contra el fallo sancionatorio de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 270 de 1996 (11) . Ahora bien, establecida la calidad de abogado en ejercicio del disciplinado, procede la Sala a adoptar la decisión que en derecho corresponde, no evidenciando irregularidad alguna que pueda viciar de nulidad lo actuado.

Para proferir fallo sancionatorio se hace exigible que medie prueba del cargo y certeza del juicio de responsabilidad sobre la falta imputada; de igual manera las pruebas que gobiernen la investigación disciplinaria deberán apreciarse en conjunto de acuerdo con las reglas de la sana crítica, debiéndose observar cuidadosamente los principios rectores de la ley procesal penal, básicamente los de legalidad, debido proceso, resolución de duda, presunción de inocencia, culpabilidad y favorabilidad.

En el presente asunto, luego de evaluar los argumentos que sustentan el fallo apelado y el disenso propuesto por el recurrente salta a la vista que la controversia principal gira en torno a la materialidad de las conductas imputadas, esto es, si el encartado vulneró los deberes ético profesionales invocados y por ello incurrió en las faltas que le fueron endilgadas. Subsidiariamente, resulta necesario entrar a analizar si se configura la casual de ausencia de responsabilidad alegada.

Por tanto, para efectos de resolver la controversia jurídica propuesta en el recurso de apelación que activa la competencia de esta colegiatura se resolverán los siguientes problemas jurídicos en el mismo orden en que son formulados:

1. ¿La suspensión del ejercicio profesional impide al abogado sancionado sustituir los poderes que le habían sido conferidos previamente?

2. De no ser así, ¿cuál es el momento oportuno para efectuar dicha sustitución?

3. ¿Impetrar la condena en costas de un cliente implica una actuación con mala fe de parte de su apoderado jurídico?

4. ¿Alguno de los comportamientos investigados se encuentra excusado en virtud de la causal de exclusión de responsabilidad consagrada en el artículo 22-6 de la Ley 1123 de 2007?

Solución del caso

1. Efectos de la suspensión del ejercicio profesional:

Para dilucidar las consecuencias que se generan a partir de la imposición de esta sanción disciplinaria y su incumplimiento, resulta necesario rememorar las normas que regulan el tema en el Código Disciplinario de los Abogados, así:

“ART. 43.—Suspensión. Consiste en la prohibición de ejercer la profesión por el término señalado en el fallo. Esta sanción oscilará entre dos (2) meses y (3) tres años.

ART. 28.—Deberes profesionales del abogado. Son deberes del abogado:

(…)

14. Respetar y cumplir las disposiciones legales que establecen las incompatibilidades para el ejercicio de la profesión.

19. Renunciar o sustituir los poderes, encargos o mandatos que le hayan sido confiados, en aquellos eventos donde se le haya impuesto pena o sanción que resulte incompatible con el ejercicio de la profesión.

ART. 29.—Incompatibilidades. No pueden ejercer la abogacía, aunque se hallen inscritos:

(…)

4. Los abogados suspendidos o excluidos de la profesión.

ART. 39.—También constituye falta disciplinaria, el ejercicio ilegal de la profesión, y la violación de las disposiciones legales que establecen el régimen de incompatibilidades para el ejercicio de la profesión o al deber de independencia profesional”.

A la luz de tales normas, examinadas de manera conjunta y sistemática, colige esta corporación lo siguiente:

— La suspensión del ejercicio profesional, al igual que las demás sanciones disciplinarias, empieza a regir y ostenta efectos vinculantes a partir de su inscripción en el registro nacional de abogados.

— Dicha sanción impone al profesional del derecho suspendido la obligación de sustituir o renunciar a los poderes, encargos o mandatos que le hubieren sido confiados previamente, toda vez que el ejercicio de la abogacía está prohibido durante el lapso de la sanción.

— En caso de optarse por la sustitución de poderes, esta resulta procedente, a más tardar, inmediatamente comience a surtir efectos la suspensión del ejercicio profesional, teniendo en cuenta, en primer lugar, que a partir de ese momento el sancionado pierde la capacidad para ejercer actos propios de la abogacía (como la potestad de sustituir, habitualmente otorgada mediante poder) y, en segundo lugar, por cuanto dicho profesional del derecho ha sido notificado previamente de la decisión sancionatoria definitiva, lo cual implica que conoce con antelación las obligaciones que ello implica y tiene oportunidad para prepararse ante tal eventualidad.

— De contera, el hecho de no renunciar o sustituir oportunamente a los referidos poderes o mandatos en cualquier caso implica que el abogado sancionado como mínimo continúa ejerciendo el rol de apoderado legal —lo cual constituye un acto propio y exclusivo de la profesión—, actuación que por estar transitoriamente prohibida, implica un flagrante desconocimiento del deber profesional estudiado.

En el presente asunto, de las copias de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho con Radicado 2009-0009, promovida por Beatriz Forero de Arana contra la Caja de Retiro de la Fuerzas Militares ante el Juzgado Noveno Administrativo de la Sección Segunda de Bogotá, y de las propias declaraciones del disciplinable contenidas en sus múltiples versiones libres, se colige, más allá de toda duda razonable, lo siguiente:

i) Mediante telegrama del 16 de septiembre de 2009, el secretario de la referida sede judicial informó a la accionante que su apoderado, el abogado León García, había sido “sancionado…, por el termino de cuatro (4) meses a partir del 8 de septiembre de 2009” (12) (negrillas fuera de texto).

ii) El 26 de noviembre de ese mismo año el profesional del derecho Isaías León García radicó memorial sustituyendo el poder concedido por la accionante “con iguales facultades que me fueron otorgadas”, en el abogado Vicente Soto Lara (13) .

iii) El 4 de diciembre de 2009 el señor juez noveno administrativo de la sección segunda de Bogotá no aceptó dicha sustitución por improcedente, toda vez que quien la concedió, esto es, el abogado investigado, estaba inhabilitado en ese momento preciso para el ejercicio de la profesión (14) .

A la luz de tales elementos de juicio refulge que el encartado, pese a que la sanción disciplinaria que previamente le había sido impuesta surtió efectos vinculantes a partir del 8 de septiembre de 2009 —momento a partir del cual le estaba expresamente prohibido el ejercicio de la profesión durante 4 meses—, omitió sustituir oportunamente el poder otorgado y, por tanto, continuó asumiendo el rol de apoderado de la parte demandante ininterrumpidamente (inclusive para intentar sustituir el mandato extemporáneamente), actuación propia y exclusiva del ejercicio de la profesión de abogado en virtud del derecho de postulación (15) .

De contera, salta a la vista que incumplió el deber dispuesto en el numeral 14 del artículo 28 de

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